Autor: Comunicacio

El decano del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB), Javier Segura Zariquiey, ha publicado un artículo en ‘Expansión’ a propósito de la nueva Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero.

Sobre la también conocida Ley de Eficiencia de la Justicia, Segura Zariquiey reivindica que el papel de los profesionales de la procura “debe ir más allá de ser el mero nexo de unión entre las partes procesales y los órganos judiciales”, para incidir a continuación en la contribución de procuradoras y procuradores que, en su opinión, se centra en “dos pilares fundamentales”: agilidad en la fase declarativa y ejecución efectiva de las resoluciones judiciales.

Si bien admite la “voluntad política” para implementar estas reformas, Javier Segura Zariquiey defiende que “sin una inversión económica adecuada y un compromiso real para proporcionar los medios necesarios, estas reformas podrían acabar siendo otro cambio nominal más, como ya ocurrió en 2003”. Sea como fuere, “lealtad y profesionalismo”, “servicio al interés general” y “garantía de la tutela judicial efectiva” seguirán siendo la guía de la actividad de la procura, ha recalcado el decano.

Consultad aquí el artículo de ‘Expansión’: https://www.expansion.com/juridico/opinion/2025/02/03/67a0bac6e5fdea00628b4598.html

El 14 de enero el Colegio de Procuradores de Barcelona (ICPB) organizó, conjuntamente con el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y el Colegio Notarial de Cataluña y los Registradores de Cataluña, una jornada de debate jurídico con cuatro mesas redondas para abordar los «Aspectos Prácticos Procesales de la Ley Orgánica 1/2025», una reforma muy relevante que aborda medidas para mejorar la eficiencia del servicio público de justicia. La ley, que entrará en vigor el 3 de abril de 2025, establece una nueva organización judicial con la creación de los tribunales de instancia e incorpora mecanismos innovadores en la resolución de conflictos, entre otros aspectos.

La jornada celebrada en el Palauet Casades del ICAB, que contó con más de 300 inscritos y con casi 2.000 participantes online, fue inaugurada por Jesús Mª Sánchez García, decano del ICAB; Javier Segura Zariquiey, decano del ICPB, presidente del Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña y vicesecretario del Consejo General de Procuradores de España; José Alberto Marín Sánchez, decano del Colegio Notarial de Cataluña; Vicente García-Hinojal, decano de los Registradores de Cataluña; Maite Casado Cardaso, Secretaria General del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña y Verónica Ollé Sesé, directora general por el Servicio Público de Justicia.

En su intervención inicial, Segura Zariquiey hizo un llamamiento a los operadores jurídicos al considerar que “entre todos debemos conseguir que esta ley salga adelante si queremos conseguir la agilización de nuestro sistema judicial”. El decano del ICPB también moderó una de las mesas redonda, centrada en la ejecución de procesos. En este debate, mucho interés para la procura, participaron como ponentes el procurador Anthony Angelo Sabattini y la secretaria general del ICPB, Eulalia Castellanos Llauger. En su intervención centrada en las subastas, Castellanos Llauger indicó que todavía existen algunos interrogantes al respecto porque «no hay consecuencias a determinadas actuaciones» y consideró que «no se empezarán a ver estas nuevas subastas hasta el 2026». Por su parte, Angelo Sabattini habló sobre la colaboración entre operadores jurídicos para que las ejecuciones sean más rápidas: «la cooperación es esencial y fundamental» para poder «esquivar demoras muchas veces evitables».

En la mesa redonda de la jornada dedicada a los MASC (Mecanismos Adecuados de Solución de Controversias) los ponentes abordaron, principalmente, la mediación y la conciliación. Entre los participantes se encontraba Carlos Molina Blanchar, vicesecretario de la Junta de gobierno del ICPB, quien aseguró que «los procuradores podemos tener un papel importante para agilizar los requerimientos para realizar un MASC». En cuanto a la mesa dedicada a las modificaciones en los procesos declarativos, Margarita Ribas Yglesias, vicedecana del ICPB, aseguró como ponente que “el procurador sigue siendo el gran colaborador de la administración de justicia, y eso para nosotros es un éxito”.

La jornada logró reunir en todas las ramas de operadores jurídicos y funcionó como sesión formativa para sacar conclusiones de la ley y de todas sus implicaciones, como resumió el decano del ICPB: “es una ley que busca una transformación digital y que ayude a la sociedad a entender la justicia de otra manera”.

El miércoles 18 de diciembre ha tenido lugar en la sede del Il·lustre Col·legi de
Procuradors dels Tribunals de Barcelona la Asamblea General Ordinaria.

El decano del ICPB, Javier Segura Zariquiey, ha dado inicio al acto informando a los
colegiados asistentes de las diversas actividades desarrolladas durante el año 2024
y antes de dar la palabra a la secretaria general del Col·legi, Eulàlia Castellanos, al
objeto de proceder con el orden del día establecido.

Así, tras dar por aprobada el acta de la Asamblea General Ordinaria de 21 de marzo
de 2024, la Asamblea ha ratificado sendos acuerdos: en primer lugar, el alcanzado
con fecha 2 de julio de 2024, de condonación de la cuota colegial del mes de agosto
del año en curso; y en segundo lugar, el alcanzado el 11 de noviembre de 2024, de
reducción en un 50% del importe de la cuota fija correspondiente al mes de
diciembre de 2024.

A continuación el tesorero de la Junta de Gobierno, Javier Mundet, ha expuesto las
características y criterios del presupuesto para el año 2025, que ha recibido la
aprobación definitiva por unanimidad. Javier Segura Zariquiey ha cerrado la
Asamblea General Ordinaria tras el turno de ruegos y sugerencias.

Los lanzamientos y su incidencia en la actividad judicial –en el contexto de un
trasfondo social caracterizado por la problemática en el acceso a la vivienda y
la endémica falta de vivienda social– a menudo pone a prueba la efectiva
ejecución de los Mandamientos Judiciales que dan lugar a los lanzamientos
judiciales.

Los lanzamientos son el acto de recuperación de la posesión de un inmueble
después de obtener una orden judicial que lo autoriza. Si bien hace unos años
en Barcelona se llevaban a cabo sin tener en cuenta ningún parámetro más,
con los años el factor social ha ido tomando terreno (en 2012 se firmó el Primer
Protocolo sobre Lanzamientos que quería prever su repercusión social) y hasta
hoy, que se ha tomado conciencia que en determinadas ocasiones la pérdida
de la vivienda debe involucrar a profesionales que acompañen a estas familias.

En Barcelona ciudad la protocolización de la ejecución de los lanzamientos ha
mejorado de forma exponencial su eficiencia y este modelo de éxito que se
hace patente en la capital habría que exportarlo al resto de partidos judiciales
para mejorar su gestión y su eficacia.

Todo esto configuró algunos de los ejes de reflexión e intercambio de ideas en
el seno de la ‘Mesa de debate sobre los lanzamientos’ que, en el marco del
Procura Fórum, organizó el Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de
Barcelona (ICPB). Intervinieron la LAJ del SAC civil de Barcelona, Estela
Bergel; la coordinadora de Servei Territorial i Jurídic del Servei d’Intervenció en
la Pèrdua de l’Habitatge i Ocupació (SIPHO), Lina Poblet; y el intendente de los
Mossos d’Esquadra y jefe del Área Básica Policial Ciutat Vella, Víctor Martín.
Moderó la sesión la procuradora de los tribunales y vocal de Comunicación de
la Junta de Gobierno del ICPB, Montse Montal.

En su intervención, Montse Montal puso énfasis en la necesidad que los
profesionales de la procura adopten una “actitud proactiva” a los efectos de
garantizar las necesarias “precisión y claridad” del mandamiento judicial y
también en el momento de delimitar de forma adecuada la preparación y la
viabilidad del conjunto de aspectos prácticos asociados a este tipo de
actuaciones (como por ejemplo, la puerta de acceso que debe permitir el
acceso a la finca del piso objeto de la diligencia) y, sobre todo, “prever todo
aquello que puede suceder”. Así mismo, lamentó la diferencia existente entre la
ciudad de Barcelona y otros partidos judiciales en lo que concierne a los
recursos humanos y materiales disponibles en el contexto de este tipo de
actuaciones: “Que Barcelona sirva de espejo”, remachó Montal.

Por su parte, Estela Bergel criticó la “falta de regulación homogénea de los
lanzamientos”, si bien contrapuso esta circunstancia con el proceso de
“unificación de criterios con los juzgados de 1ª Instancia” que ella misma ha
encabezado desde 2021. También puso en valor el impulso, el mismo año, de
la comisión especial de lanzamientos de Barcelona (CEL), un grupo que
actualmente integran 20 funcionarios judiciales que cuentan con formación
continua jurídica, práctica e incluso emocional adaptada a los requerimientos
específicos de la actividad y que tiene por misión agilizar y coordinar mejor los
lanzamientos judiciales civiles de la mano de servicios sociales y Mossos
d’Esquadra. Bergel explicó que el modelo de CEL Barcelona ha sido
implantado también en Mataró y Badalona y que se prevé que sea adoptado
igualmente en el Vendrell y en otros partidos judiciales. Y puso énfasis en la
necesidad de establecer “criterios homogéneos de actuación de los letrados”
para minimizar las diferencias que existen todavía de un partido judicial a otro.

En cuanto al papel de procuradoras y procuradores, la representante del SAC
abogó porque sean “próximos a nosotros” –“hace falta comunicación”,
expresó– y tildó de “básico” su papel para “dar agilidad” al proceso: “Os
necesitamos”, se refirió al conjunto de profesionales de la procura. También
alentó al colectivo a “reclamar la creación de equipos especializados entre el
cuerpo funcionarial” de justicia. Según Bergel, en 2021 se produjeron 40
lanzamientos diarios en Barcelona, el 52% de los cuáles se pudieron ejecutar.

En su turno de palabra, Lina Poblet delimitó el ámbito de actuación del SIPHO
al “parque privado de vivienda” e indicó que sus funciones se han visto
ampliadas en 2023 en comparación con las que definieron este recurso
municipal (adscrito al Ayuntamiento de Barcelona) en el momento de su
creación, en 2016. Las desgranó: canal de comunicación con los juzgados,
elaboración de informes de vulnerabilidad, atención integral durante el acto de
lanzamiento, activación de emergencia del alojamiento temporal urgente (ATU),
activación de emergencia del servicio de guardamuebles y tratamiento de
datos. Poblet expresó que, en cualquier caso, el SIPHO asume como propia
una “función preventiva” para intentar evitar el lanzamiento, lo que le lleva a
tener establecida una “mesa de diálogo con los grandes tenedores”, a la vez
que mantiene un “diálogo directo” con el CEL Barcelona. La coordinadora del
SIPHO puso en valor el hecho de que, por ejemplo, “Madrid no dispone de un
servicio de nuestras características”.

Finalmente, Víctor Martín situó la actuación de los Mossos d’Esquadra en el
marco de lo que establece la LEC y el Código Penal, “en auxilio de la autoridad
judicial” y siempre desde “criterios de proporcionalidad”. Destacó la
“comunicación continua” mantenida con el SAC y el SIPHO y dijo que “tras
recibir el requerimiento del Servicio de actos de Comunicación y Ejecución Civil
de Barcelona se contacta con el SIPHO para estudiar cada caso particular”. Es
decir, antes de realizar el lanzamiento “hay un trabajo previo detallado, una
planificación” que pretende delimitar las características de la acción a
emprender y establecer qué tipo de actuación puede derivarse por parte de
Mossos d’Esquadra, también en función de si es necesaria o no la presencia de
los equipos de orden público. Martín admitió en cualquier caso que “los
recursos son finitos” en materia de orden público.

La Procura ha tenido un doble protagonismo en el acto de celebración del Día de la Justicia que, encabezado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha tenido lugar hoy en el Palau de la Generalitat, y que ha contado con la presencia del decano del Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona (ICPB) y presidente del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Javier Segura Zariquiey.

En este marco se ha otorgado la mención honorífica a la Comisión de Digitalización del Observatorio Catalán de la Justicia, de la que es miembro el vicesecretario del Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, Carlos Molina Blanchar. Impulsada con el objetivo de colaborar en la Estrategia Judicial 2030, la Comisión ha trabajado en la definición de los seis ejes estratégicos que inspiran la Estrategia, así como en la identificación de los retos y objetivos que se pretenden alcanzar para cada eje.

Por su parte, el procurador de los tribunales y presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Jesús Bley Gil, ha recibido la medalla de honor de la Generalitat de Catalunya por servicios excepcionales a la justicia. De él y de su trayectoria se ha valorado la “sensibilidad excepcional para con los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad”, el “firme compromiso con el servicio público” y la “dedicación a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Barcelona” desde hace 25 años, al tiempo que se ha destacado que “es un ejemplo de compromiso, dedicación y excelencia en el campo de la justicia gratuita, y de la defensa del papel de los procuradores de tribunales” en lo que tiene de “aportación de gran valor a la sociedad catalana”.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha querido destacar las “trayectorias vitales y vocacionales en diversos ámbitos” del conjunto de galardonadas y galardonados y ha puesto énfasis en la voluntad de configurar una justicia “independiente, rigurosa, eficiente y moderna”. Desde esta óptica ha manifestado la predisposición del Gobierno de Catalunya a la “plena colaboración” para alcanzar retos en este campo, como pueden ser una mayor coordinación con el conjunto de cuerpos y fuerzas de seguridad y el impulso de más órganos judiciales en Catalunya para proporcionar un buen servicio a la justicia en beneficio del conjunto de la ciudadanía.

En su intervención, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha puesto en valor el diálogo bilateral establecido con los diversos agentes y operadores de la Justicia y el punto de encuentro que, en este campo, supone el Observatorio Catalán de la Justicia. Se ha referido a algunos de los retos pendientes, como es el caso de la congestión –que ha atribuido a “múltiples factores”–, y también a las fortalezas (como puede ser la nueva ley de eficiencia en el ámbito judicial estatal o la aplicación de la oficina judicial en más de la mitad de los partidos judiciales), sin olvidar el doble objetivo que representa el despliegue del derecho civil catalán y la potenciación de la mediación o justicia restaurativa. Lo ha hecho con una reivindicación final en forma de propósito: que la justicia “proteja a los más débiles, es decir, a las víctimas”.

En el marco del Día de la Justicia la magistrada emérita del Tribunal Supremo Rosa Maria Virolés Piñol ha recibido el Premio Justicia de Catalunya para el año 2024.

El Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB), su Junta de Gobierno encabezada por el decano Javier Segura Zariquiey y el conjunto de la procura barcelonesa expresamos nuestras sinceras condolencias y nuestra solidaridad con todos los afectados por el temporal DANA en varios territorios de España.

Queremos trasladar nuestro apoyo y cariño a las familias de las víctimas de la catástrofe, así como a toda la población que ha sufrido numerosos daños materiales. Deseamos que la situación mejore y que el valioso trabajo que están efectuando todos los profesionales de emergencia, voluntarios y ciudadanos implicados permita una recuperación de esta crisis.

El decano del Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
(ICPB), Javier Segura Zariquiey, ha intervenido en la presentación del informe
La Justicia en España 2024, una iniciativa de la candidatura Procura el cambio
a las elecciones al Consejo General de Procuradores de España (CGPE). Han
acompañado a Segura Zariquiey los decanos de los colegios de procuradores
de Madrid y Vigo, Alberto García Barrenechea y José Antonio Fandiño,
respectivamente.

El informe pone el foco en el “atasco estructural” de la Justicia española y
apunta a una participación más activa de la figura del procurador como medida
para contribuir a su agilización.

El número de asuntos en trámite se cifró en 3.977.110 a finales de 2023 en el
conjunto de España, frente a los 2.611.468 correspondientes al término del
ejercicio 2018. Es decir, en cinco años el número de casos atascados ha
aumentado un 52,29%, aunque con un matiz relevante a considerar: el atasco
crece más rápido en 2023 (+17,1% en un año). Asimismo, en este mismo
periodo 2018-2023, los pleitos se han incrementado cinco veces más que los
juzgados.

Por comunidades autónomas y en lo concerniente a 2023, la Región de Murcia
lideró el número de asuntos en trámite por órgano (1.411), por delante de
Castilla-La Mancha (1.214), Comunidad de Madrid (1.115) y Catalunya (1.087).

En su intervención con motivo de la presentación del informe en Madrid, Javier
Segura Zariquiey ha expresado que “la Justicia que llega tarde, no es Justicia”,
para argumentar a continuación que “tenemos muchos juzgados que han
duplicado y hasta cuadruplicado su atasco”. “Nos han de permitir ser los
aceleradores y facilitadores de la Justicia. Estamos profesionalmente capacitados para conseguir la descongestión, función que además conseguiría hacer más atractiva la profesión a los jóvenes estudiantes del Grado de Derecho y futuros procuradores”, ha concluido el decano del ICPB.

Precisamente, la candidatura Procura el cambio ha incorporado en este análisis
de la Justicia en España algunas propuestas de mejora que se concretan en la voluntad de reducir el atasco judicial un 50% en cinco años (esto es, pasar de los referidos cerca de cuatro millones de 2023 a situarse por debajo de los dos millones a finales del ejercicio 2028), adaptar el modelo portugués de agilización de la Justicia (Portugal ha agilizado la Justicia en un 60% en 20 años elevando las competencias del solicitador y los solicitadores de ejecución) y, por encima de todo, incorporar la figura del procurador ejecutivo en España en pos de un “mayor y mejor aprovechamiento” de la figura de las procuradoras y procuradores y con el propósito de lograr una mejora de los tiempos de resolución en la Justicia del país sin costo económico para el Estado.

Para más información: Informe La Justicia en España 2024

El decano del Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona (ICPB) y presidente del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Javier Segura Zariquiey, ha intervenido en la sesión de inauguración del máster universitario en Abogacía y Procura de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU), conjuntamente con la decana de la Facultad de Derecho, Mª Jesús Pesqueira.

El Consell participa en la organización y coordinación del programa máster en el marco del convenio de colaboración firmado en noviembre de 2023 con la UAO CEU y que determina la capacidad del Consell de proponer profesorado y tutores, organizar cursos o seminarios y colaborar para profundizar en la formación o la promoción de la parte teórica y práctica de la formación del máster. Es decir, el presente programa, en su concepción y estructura a partir de la referida colaboración establecida entre el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya y la UAO CEU, llega ahora a su segunda edición.

En su intervención Javier Segura Zariquiey ha puesto énfasis en el “valor” que supone el hecho de que “profesionales en ejercicio de la profesión de la Procura ejerzan como profesores y profesoras” en el contexto de este programa, lo que “da al conjunto de alumnos las claves esenciales para el desarrollo de la práctica profesional en un presente repleto de retos”. El presidente del Consell ha hecho explícito su deseo de que “las personas que cursen esta nueva edición del máster aprovechen al máximo esta experiencia” y ha reivindicado que “la Procura es una opción que puede resultar muy interesante desde el punto de vista del desarrollo profesional de aquellos y aquellas estudiantes que han cursado previamente Derecho”.

Por su parte, la coordinadora académica del máster, Isabel Arias, ha desgranado aspectos vinculados al calendario académico, las asignaturas optativas y el sistema de evaluación, entre otros. Su duración es de 18 meses, con 90 ECTS (o siglas en inglés del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) y en modalidad presencial.

Un total de 45 alumnos han cursado la edición 2023-24 del máster y en espera de que concluya el periodo de matriculación de su segunda edición, la correspondiente a 2024-2025.

La nueva regulación del arancel motivada por el Real Decreto 434/24 centró la sesión formativa organizada por el Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona (ICPB) y el Centro de Estudios de la Procura. Intervinieron en la misma el decano, Javier Segura Zariquiey; el abogado y socio del despacho Roca Junyent, Manuel Silva Sánchez; el procurador de los tribunales y vocal 1º de la Junta del ICPB, Joan Manel Bach Ferré; y la procuradora de los tribunales Diana Pino Ríos. La vicedecana colegial, Margarita Ribas Yglesias, ejerció como moderadora del acto.

En la presentación de la sesión, Javier Segura Zariquiey lamentó que han tenido que transcurrir 21 años para disponer de un nuevo arancel que, en cualquier caso, “no satisface las expectativas ni las necesidades de gran parte de la procura”. Transcurridos dos meses desde la entrada en vigor del RD 434/24, el decano manifestó que “era necesario desarrollar una jornada para resolver las numerosas dudas que la nueva norma genera en su aplicación práctica”.

En un tono crítico, Segura Zariquiey indicó que la concepción del nuevo arancel parte de una resolución ministerial fruto de una “negociación política” sobre cuyo resultado final gran parte de la profesión “está muy en desacuerdo”, sobre todo en lo que concierne a la regulación del mismo. Para el decano el arancel “quita valor a la profesión y acaba por perjudicar a la ciudadanía como usuaria de la justicia”. También expresó su contrariedad por la “ausencia de una cláusula de revisión del IPC” en el RD, máxime cuando durante los 21 años de aplicación del anterior arancel tampoco ha habido ninguna posibilidad de actualización en este campo y a pesar del encarecimiento de la vida.

En cualquier caso, en el marco de su intervención, recordó al conjunto de asistentes que siguieron la sesión tanto en modalidad presencial como virtual, que el Col·legi es uno de los 34 colegios de procuradores del territorio español que han interpuesto recurso ante el Tribunal Supremo (TS) en contra del Real Decreto 434/24. “Esperemos que en el plazo máximo de dos años tengamos una sentencia del Tribunal Supremo”, urgió.

La intervención del abogado Manuel Silva Sánchez puso el foco en el contexto histórico del RD objeto de análisis. Silva afirmó que este comparte unos principios similares al RD 307/2022 (antecedente inmediato del RD 434/24). Como rasgos principales del RD 434/24, destacó el establecimiento de un arancel máximo de 75.000 euros, la prohibición de límites mínimos y libertad para pactar retribuciones y la obligación de efectuar un presupuesto previo por parte del profesional de la procura. Asimismo insistió en la importancia de que el Tribunal Supremo “resuelva todas las cuestiones” derivadas de la interposición de los recursos citados e indicó que ante la eventualidad de una estimación de los mismos por parte del TS se volvería al sistema combinado de 2003 (RD 1373/2003) y 2010 (RD 5/2010). Para el abogado el RD 434/24, con la regulación del nuevo arancel, “vulnera los principios de motivación y proporcionalidad”. Y defendió que “se establezcan criterios de retribución adecuada” para el conjunto de profesionales de la procura en su calidad de “colaboradores de la Administración de Justicia”.

Por su parte, Joan Manel Bach Ferré y Diana Pino Ríos, procuradores de los tribunales, analizaron algunos aspectos prácticos del arancel y las principales diferencias con el RD 1373/2003 (presupuesto previo detallado, aumento 35% cuantías, ámbito de aplicación, régimen transitorio, art. 5 sustitución de profesionales y art. 6 de multirrepresentación, entre otros). También señalaron algunas cuestiones controvertidas del mismo (gastos hipotecarios y cuantía indeterminada por reforma marzo proc. verbal, entre otros). Bach Ferré, vocal 1º de la Junta del ICPB, admitió que el nuevo arancel “modifica la forma en la que trabajamos” los procuradores y procuradoras.

La vicedecana del Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, en su papel de moderadora de la sesión formativa, abogó por la necesidad de que, ante el nuevo marco creado por el RD 434/24 y su regulación del arancel, “el sector aproveche la coyuntura para regular y dignificar la profesión”.

La sede del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB) ha acogido la primera reunión de un grupo de trabajo pionero entre Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) y el Colegio.

En representación de la LAJs han asistido Cristina Carretero (Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Barcelona), Pilar Sanz (Juzgado de Primera Instancia nº 34 de Barcelona), Verònica Lluch (Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Barcelona), Francisco Vivar (Juzgado de Primera Instancia nº 49 de Barcelona) y Dolors Cortina (sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona), mientras que Margarita Ribas, vicedecana del ICPB, ha encabezado la representación de la procura, acompañada de Eulalia Castellanos (secretaria general), Joan Manel Bach (vocal 1º) y Javier Mundet (vocal 3º).

La reunión ha servido para analizar diferentes cuestiones que se suscitan en el día a día en los Tribunales, sobre todo a raíz de la entrada en vigor del RD 6/24. La LAJs y el ICPB han hecho explícita su voluntad de crear sinergias para hacer la justicia más eficiente en beneficio del justiciable.

En el contexto del primer aniversario de la actual Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Barcelona, el decano Javier Segura Zariquiey y la vicedecana Margarita Ribas Yglesias han publicado un artículo conjunto en el diario La Vanguardia, donde ponen en valor la aportación social de la figura del procurador de los tribunales.

Para leerlo, podeis hacer clic en este enlace

 

En el marco de la jornada «El derecho a la vivienda: un derecho real?» organizado por el Colegio Notarial de Cataluña, el decano del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, Javier Segura Zariquiey, ha cargado contra la Ley de Vivienda al considerar que esta perjudica los propietarios y no soluciona los problemas que sufren las familias vulnerables.

Durante su intervención, ha asegurado que esta ley ha creado un “laberinto jurídico” para los propietarios que quieren presentar una demanda en caso de que se produzca una ocupación ilegítima por impago de alquiler en sus viviendas. También ha pedido a los legisladores que consulten los «expertos en vivienda y operadores jurídicos» para garantizar leyes más rigurosas y evitar que se tengan que ir remendando después.

Por otro lado, Segura Zariquiey ha recordado que los procuradores siempre están en primera línea cuando acompañan la comisión judicial a hacer un lanzamiento y conocen bien las vicisitudes que se producen. Así mismo, ha destacado que el último objetivo del procurador que representa al propietario afectado es asegurarse que se ejecuta la sentencia judicial y este puede recuperar su propiedad ocupada.

En el debate judicial sobre la Ley de Vivienda han participado también Jesús M. Sánchez, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona; Lorenzo Viñas, decano del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida; Gerard Duelo Ferrer, presidente del Consejo General de COAPI de España; y José Alberto Marín Sánchez, decano del Colegio Notarial de Cataluña.

Para más información, podéis leer un artículo sobre esta jornada  en el siguiente enlace de LA VANGUARDIA.

El Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Casa de l’Ardiaca) acoge la exposición “Morando in Arte. El arte de la procuradoría”, una muestra que explica los orígenes remotos de la profesión y que visibiliza los inicios y la evolución de la asociación profesional en Barcelona.

Inaugurada el pasado 20 de junio, el acto contó con la intervención de Javier Segura Zariquiey, decano del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona (ICPB), Sílvia Domènech, directora del Arxiu, y Àngel Busquets, comisaria de la muestra.

En su intervención, el decano recordó que “en el año 2012 celebramos el 500 aniversario de la constitución de la primera corporación de procuradores y tomamos conciencia como colectivo del valor de nuestro fondo histórico”. En 2014 el ICPB libró en comodato su fondo documental al Arxiu Històric de la Ciutat con la triple voluntad de garantizar su preservación, hacerlo accesible a los investigadores y organizar una muestra pública.

“Podemos decir, con orgullo, que somos unos operadores jurídicos con un legado histórico envidiable y plenamente consolidado”, indicó Javier Segura Zariquiey. Y es que en Catalunya ya se refería la figura del procurador en un texto datado en el siglo X o XI. Por su parte, el Rey Ferran el Catòlic, en el siglo XVI, aprobó las primeras ordenaciones y estableció la Cofradía de Procuradores de San Ivo, la primera corporación del oficio de la procura en la ciudad de Barcelona.

El título de la exposición de la Casa de l’Ardiaca (“Morando in Arte”) alude al aprendizaje del oficio (en la época, las profesiones libres se denominaban artes) por parte del aspirante de la mano de un profesional que ya ejercía esta actividad, es decir, viviendo en la profesión.

La muestra contiene documentos del propio Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona y también procedentes de otras instituciones (monarquía, Consell de Cent y Ajuntament de Barcelona) que les han proporcionado el marco legal. Se puede visitar hasta el próximo 9 de noviembre.

El viernes 7 de junio el Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB) celebró la 10a edición de los Premios Procura en un acto que reunió a cerca de 300 personas en la Sala Olimpia del Real Club de Polo de Barcelona. El acto fue presentado por la periodista Helena García Melero.

Otorgados en el marco de los actos vinculados a Sant Iu, patrón de la procura, en esta ocasión se reconoció la labor de Ignacio Sancho Gargallo, Magistrado de la Sala 1ª del Tribunal Supremo (Premio Procura Trayectoria Profesional 2024); María Peñacoba Pérez, Secretaria Coordinadora Provincial de Barcelona (Premio Procura Anual 2024); y la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls (Premio Procura Solidario 2024).

En su discurso de bienvenida el decano del Colegio, Javier Segura Zariquiey, puso en valor que los galardones se han convertido en una “referencia” en el mundo judicial barcelonés, catalán y español y que son una muestra de “prestigio, rigor y reconocimiento profesional”. Asimismo, consideró que “los premios son un hilo conductor de los esfuerzos de compañeros y compañeras implicados en su impulso y organización con el propósito de progresar como profesión y contribuir al bien común a través de unos valores que definen a los premiados en cada ocasión”. Unos valores, prosiguió, que están arraigados en «el compromiso, la vocación de servicio, la excelencia y la solidaridad«.

El decano del ICPB tuvo un reconocimiento hacia los decanos que «me han precedido en anteriores ediciones de los Premios Procura: Ignacio López Chocarro y Ángel Quemada Cuatrecasas«. “El mérito de haber convertido los galardones en un referente de prestigio es vuestro”, formuló.

También reivindicó que a lo largo de todos estos años -un período marcado tanto por la pandemia sanitaria global como por el intenso desarrollo tecnológico y la difusión de la Inteligencia Artificial- “las procuradoras y los procuradores nos hemos proyectado como un colectivo profesional imprescindible, que seguirá siendo clave en el futuro de nuestra Justicia”.

Premios Procura: Ignacio Sancho Gargallo, María Peñacoba Pérez y la Fundación Catalana del ELA Miquel Valls

Ignacio Sancho Gargallo, Premio Procura Trayectoria Profesional 2024, recibió el galardón de manos de Antonio Recio Córdova (presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona) y de Javier Segura Zariquiey. En su discurso de agradecimiento, expresó «el honor y la satisfacción que supone el galardón, sobre todo por la institución que le confiere«, a la vez que destacó «la contribución al buen funcionamiento de la justicia» del colectivo de la Procura y, en su representación, del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona.

La ganadora del Premio Procura Anual 2024, María Peñacoba Pérez, recibió el galardón de manos de Iolanda Aguilar y Juncosa (Secretaria para la Administración de Justicia) y de Javier Segura Zariquiey. En su intervención se mostró “feliz y emocionada” y expuso su visión de la “Justicia como una orquesta en la que todas las partes que la integran son necesarias, en la que debemos comunicarnos mejor y que, al mismo tiempo, debemos comunicar mejor hacia afuera.”

La Fundación Catalana de ELA Miquel Valls fue distinguida con el Premio Procura Solidario 2024, dotado en 3.000 euros. Anna Rigola (jefe de Comunicación de la entidad) recibió el galardón de manos de Josefa Beltran Bertomeu (subdelegada del Gobierno en Cataluña) y de Javier Segura Zariquiey. En su discurso, Rigola recordó los orígenes de la Fundación e indicó la importancia de “acompañar a la persona enferma y sus familiares, a lo largo de todo el proceso de la enfermedad”, así como el “necesario impulso” de la telemedicina y la investigación para conseguir mejorar las condiciones vitales de los afectados con Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Precisamente, en los Premios Procura 2024 también intervino un enfermo afectado de ELA, el activista Jordi Sabaté Pons, que dirigió unas palabras a las personas asistentes en defensa del “derecho en la vida”.

Antes de dar por cerrado el acto, el decano del ICPB se dirigió a Ignacio Sancho, María Peñacoba y la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls: “Desde sus responsabilidades, sois un ejemplo y una inspiración. Aprender de sus valores nos hará mejores como colectivo y nos inspirará de cara al futuro”.

 

 

En el contexto de la festividad de San Ivo, patrón de la procura, el Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB) ha celebrado el acto institucional en el Palacio de Justicia de Barcelona de juramento de nuevos colegiado. 

En el discurso de apertura del acto el decano del ICPB, Javier Segura Zariquiey, ha reclamado una «regulación jurídica rigurosa» de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la justicia para evitar «crear disfunciones con los derechos fundamentales a terceros» y ha advertido que «la digitalización puede comportar, también, una mala justicia». A su juicio «no hay que pretender que la digitalización y la IA sustituyan las relaciones personales» porque la presencia humana en la justicia es un valor que no podemos dejar perder».

También ha argumentado que “es evidente que la tecnología es un instrumento para la justicia, que ha comportado avances”, si bien ha lamentado que “la realidad tecnológica es muy heterogénea en los diversos órganos judiciales de nuestro país”. Para el decano y presidente, “los cambios tecnológicos se han producido a distinta velocidad entre los territorios y sus partidos judiciales”.

El acto ha contado con la presencia de la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart y González, que ha expresado que “el papel de los procuradores y procuradoras en el día a día de los juzgados sigue siendo crucial en materia de comunicaciones, de asesoramiento procesal y de optimización de plazos”. Asimismo, ha dicho que “la procura, en definitiva, contribuye a avanzar hacia uno de los grandes objetivos de país: el de agilización del sistema de justicia”. “Una justicia más ágil es una justicia más justa, que remueve los obstáculos de acceso a los derechos civiles y sociales de la ciudadanía”, ha remachado la consejera.

Más dotación económica, colaboración y formación

Javier Segura Zariquiey ha defendido que «es necesario exigir a los gobernantes una mayor inversión y dotación económica» que permita «más eficacia y más eficiencia« en la justicia. «Es fundamental que el gasto público que se destine a justicia sea suficiente«, ha sentenciado.

El decano del ICPB y presidente del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya ha reivindicado «una mayor intervención« del colectivo de la procura en la tramitación de procesos y en la ejecución de las resoluciones judiciales, y hacerlo “desde la máxima colaboración, siempre por delegación y bajo la supervisión del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia”.

En su intervención también ha manifestado la importancia de que el desarrollo de las reformas legislativas cuente con la «participación, cooperación y diálogo de los operadores necesarios» a efectos de garantizar la «máxima seguridad jurídica» y ha puesto énfasis en la «formación adecuada y continuada» como garante para que el colectivo de la procura alcance la «excelencia» y «pueda asumir nuevas funciones y competencias» en beneficio de la propia justicia y también de la ciudadanía en su conjunto.

Medallas de Oro del Consell

En el marco de la celebración de San Ivo, Javier Segura Zariquiey, también presidente del Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, ha entregado la Medalla de Oro del Consell al decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Jesús M. Sánchez García, y al expresidente del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Ángel Quemada Cuatrecasas.

El decano del ICAB ha afirmado que «la función de la procura es fundamental para construir una justicia eficiente y digna«. Y el expresidente del Consell se ha referido a “una justicia accesible para el conjunto de la ciudadanía, dotada con mayor eficiencia”.

Nuevos colegiados y 25 años de colegiación 

La Sala de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia de Barcelona también ha acogido la entrega de diplomas y juramento del cargo de los nuevos colegiados del ICPB y la concesión de las medallas del Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona y de los diplomas del Consejo General de Procuradores de España a los colegiados que han cumplido 25 años de colegiación.

En el acto de celebración también ha intervenido el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, que ha hecho suyo el propósito de “luchar por un mejor país, una mejor justicia y una mejor procura” desde de las necesarias «colaboración, unidad y concordia» entre las profesiones jurídicas en Cataluña y en España.

Ha cerrado la celebración el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, ​​Antonio Recio Córdova. En su parlamento ha puesto en valor la necesidad de que «todos los operadores jurídicos colaboren en la modernización de la justicia«, ha opinado que «las nuevas tecnologías no deben ser una finalidad en sí mismas, sino un medio» –“el factor humano es fundamental en la justicia”, ha matizado en este punto-, y ha reclamado equiparar los recursos destinados a justicia con los que reciben los ámbitos de la sanidad y la educación.

El Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB) celebra la 10ª edición de los Premios Procura, unos galardones que reconocen anualmente aquellas personas del ámbito jurídico que hacen posible una justicia mejor y a la vez premian la tarea social de una entidad sin ánimo de lucro. El ganador del Premio Procura – Trayectoria Profesional de este año es Ignacio Sancho, magistrado del Tribunal Supremo y miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Por su parte, el premio Procura – Anual reconoce María Peñacoba por su carrera como jurista con vocación de servicio y su tarea como actual Secretaria Coordinadora Provincial de Barcelona. Por último, la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls ha sido galardonada con el Premio Procura Solidario, por su vocación para mejorar la vida de los enfermos con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y sus familias, así como el apoyo a la investigación de esta enfermedad. Los galardones se librarán en el decurso de un acto que tendrá lugar el próximo 7 de junio a partir de las 20h en el Real Club de Polo de Barcelona, en el marco de las celebraciones de Santo Iu, patrón del colectivo de procuradores.

La entrega de premios, en el cual está prevista la asistencia de unos 300 profesionales del mundo de la justicia, reunirá varias autoridades del sector y contará con la presencia de la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Barcelona, que está encabezada por el decano Javier Segura Zariquiey.

 

Perfil de los premiados

Premio Procura – Trayectoria Profesional 2024:
Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado del Tribunal Supremo y actual miembro de la Sala de Gobierno del TS, Ignacio Sancho Gargallo recibe este premio por su trayectoria profesional en el mundo de la justicia, donde ha destacado por su excelencia. Durante su extensa carrera, ha sido magistrado del Juzgado de Primera Instancia e instrucción de Alcañiz a Teruel; magistrado y juez de Primera Instancia de Barcelona; magistrado especialista del mercantil y presidente de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Además, en el ámbito internacional el magistrado Sancho Gargallo ha sido miembro de la Red Judicial Europea y de la Red de Expertos en derecho de la Unión Europea del Consejo General del Poder Judicial, en el área de Derecho Mercantil. Actualmente, el premiado es miembro del Judicial Wing of INSOLEurope desde su creación y forma parte de la International Insolvency Institute. Además, su trayectoria profesional también lo ha llevado a ser desde el año 2010 Académico de Honor de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña.

Premio Procura – Anual 2024:
María Peñacoba Pérez

El premio reconoce su dilatada carrera como jurista de vocación comprometida con el servicio de la Administración Pública y a la ciudadanía haciendo una Justicia más amable, eficiente y de calidad contando siempre con la procura para mejorar y modernizar la actividad de los organismos judiciales. María Peñacoba Pérez, letrada de la Administración de Justicia, ha desarrollado su carrera profesional en órganos de la jurisdicción penal que ha compaginado con la formación en el ámbito de la gestión pública. Desde septiembre de 2020 es la Secretaria Coordinadora Provincial de Barcelona, ​​y desde octubre de 2023 es una de las Vocales del Consejo del Secretariado por designación del Ministerio de Justicia.

Premi Procura – Solidario 2024:
Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls

El premio reconoce la tarea para mejorar la vida de los enfermos con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y el apoyo a sus familias que lleva a cabo la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls, así como la relevante tarea de la entidad para impulsar la investigación médica. Creada por Enric M. Valls el 2005, esta fundación privada sin ánimo de lucro no solo trabaja por la calidad de vida de las personas afectadas de ELA, sino también por otras enfermedades de motoneurona (MMN). Para poder velar por las necesidades de cada enfermo y cada familia, la entidad ofrece una atención personalizada a domicilio con un trato de calidez y proximidad indispensable en el proceso de apoyo. Además, la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls lleva a cabo múltiples actividades de sensibilización y difusión para concienciar las administraciones, los estamentos públicos y la sociedad de cómo se puede mejorar la atención a las personas afectadas de ELA/MMN y qué recursos son necesarios para conseguirlo.

El Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB), de la mano del Centro de Estudios de la Procura, ha dedicado una sesión formativa especial al impacto procesal del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

La apertura de la sesión ha ido a cargo del decano del ICPB, Javier Segura Zariquiey, que ha destacado el “rigor jurídico” de los ponentes en el propósito de resolver dudas sobre el redactado “confuso” y con “incongruencias técnicas” que, en su opinión, presenta la normativa que entrará en vigor el próximo 20 de marzo. En este sentido, el también presidente del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya ha puesto énfasis en “las enmiendas presentadas a los grupos políticos para que la aplicabilidad del Real Decreto sea realmente efectiva”. “Esperemos que algunas de estas enmiendas sean recogidas por la ley”, ha remachado Zariquiey, que ha reivindicado la capacidad de adaptación a los cambios procesales demostrada por el colectivo de la Procura en una etapa que vendrá marcada por un nuevo contenido normativo que “establece cómo se transformará la justicia en nuestro país”.

La vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona, Margarita Ribas Yglesias, ha moderado la sesión que ha tenido lugar en el auditorio del LIV Student Sarrià y que ha contado con ponentes de los ámbitos de la judicatura, la universidad, la abogacía y la Procura y con la asistencia de cerca de 200 personas. Ribas ha destacado que con el acto se ha pretendido ofrecer una “visión plural y crítica, por parte de los diversos operadores, del Real Decreto” y ha reflexionado que “como ocurre con cualquier norma jurídica, el éxito no está asegurado”. A pesar de ello, ha defendido que “son reformas necesarias que ayudarán a la eficiencia de la justicia”.

En el turno de los ponentes, Vicente Pérez Daudí (catedrático de Derecho Procesal de la UB) ha abordado “La digitalización: notificaciones, resoluciones asistidas y funciones del CTEAJE” y donde, tras establecer la dimensión cuantitativa del impacto del Real Decreto-ley 6/2023 (modifica 127 artículos de la LEC, 31 artículos de la LJS, 30 artículos de la LCJA y 10 artículos de la LECRIM), ha lamentado que con la nueva regulación “la función del CTEAJE excede de la meramente técnica e incide de forma directa en el proceso judicial afectando a la tutela judicial efectiva”. Si bien ha valorado de forma positiva que “se legisle sobre aspectos hasta ahora no regulados de la digitalización del proceso judicial”, ha lamentado que “se ha quedado corta”, por ejemplo, en materia de garantías para la adopción de decisiones automatizadas o en aquello que hace referencia a los efectos de la brecha digital.

Dolors Cortina Alarcón (LAJ Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona) se ha centrado en “La carpeta justicia y actos de comunicación”. Ha tildado de “idea brillante” esta herramienta porque “pone el foco en la ciudadanía” a fin y efecto de facilitar el acceso a los expedientes judiciales “con rapidez y sin tenerse que desplazar”. Pero el problema, según Cortina, es que el sistema planteado “choca con la brecha digital” (tanto generacional como territorial) y con la “falta de interoperabilidad”. Ha añadido, también, el lastre que en su opinión supone que el Real Decreto “carezca de una Memoria Económica”.

Bibiana Segura Cros (magistrada del Juzgado de 1ª Instancia 50 de Barcelona) se ha referido al apartado “Juicios telemáticos”. La magistrada ha hecho una reflexión crítica a propósito de la ecuación juicios telemáticos – eficiencia procesal, una correlación esta que fundamenta la propia normativa que debe entrar en vigor el 20 de marzo. En esta materia, pero, Segura ha referido aspectos vinculados a los ámbitos penal y/o civil (desarrollo de los careos, derecho a la última palabra por parte del acusado, protección de datos, punto de acceso seguro, audiencia pública y preservación de la falta de comunicación entre testigos, entre otras cuestiones) que, sumados a la “heterogeneidad” de los sistemas de comunicación de las diversas comunidades autónomas o la falta de infraestructuras y recursos que sufren algunos juzgados, ponen en cuestión -así lo ha argumentado la magistrada- las ventajas en términos de eficiencia de esta nueva modalidad.

Antonio Recio Córdova (presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona) ha querido manifestar ante el auditorio la predisposición del órgano jurisdiccional que preside a “adoptar las decisiones en el marco de las competencias propias de la Audiencia” que posibiliten la necesaria “flexibilidad” ante la “adecuación a un nuevo sistema” vinculado a la aplicación del Real Decreto. En cualquier caso, ha reconocido que con el nuevo marco jurídico “tenemos un problema con el recurso de apelación”, evocando las modificaciones de los artículos 398 (costas en segunda instancia) y 449 (apartado 6º).

En representación del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), su decano, Jesús M. Sánchez García, se ha centrado en el “Punto Neutro Judicial”. A propósito de esta herramienta, ha reivindicado “la importancia del conjunto de profesionales de la Procura en el procedimiento judicial”, razón por la cual ha defendido que “este colectivo profesional debe tener acceso al Punto Neutro Judicial”. Al hilo de esta petición, el decano del ICAB ha explicado que “hemos ido al Congreso de los Diputados para presentar nuestras propuestas, que han sido muy bien acogidas”. En relación con los juicios telemáticos vinculados a la nueva normativa, ha indicado que desde la Abogacía de Barcelona se han encargado dos dictámenes. Sea como fuere, ha expresado que “hay que aprovechar sus eficiencias cuando se den, pero sin renunciar a la presencialidad en determinados casos”.

Guillermo Ormazabal Sánchez (catedrático de Derecho Procesal de la UdG) ha desarrollado el apartado “Pleito testimonio: nueva figura en nuestro derecho procesal”. Más allá de situarlo en el contexto de aquello que establece la Directiva (UE) 2020/1828, el ponente ha citado algunos de los que él tilda de “aspectos problemáticos” del procedimiento. A saber: reducido ámbito objetivo (exclusivamente control de abusividad de cláusulas contractuales); reducido ámbito territorial (poco útil para establecer un criterio uniforme y posibilidad de resoluciones contradictorias en el territorio de diferentes administraciones públicas); indeterminación sobre cómo se escoge cuál de los procedimientos pendientes será el testimonio; e incorrecta ubicación sistemática dentro de la LEC de la extensión de efectos en sede de procedimiento de ejecución, entre otros.

El último ponente en intervenir ha sido el procurador de los tribunales Jaume Aso, con “El alcance de la reforma y las reivindicaciones de la Procura”. En su opinión, la falta de acceso de la Procura al Punto Neutro Judicial es una “falta de ineficiencia”. También ha reivindicado la importancia de la “comunicación personal a domicilio” (artículo 155 LEC) y, desde un punto de vista conceptual, ha manifestado que el Real Decreto-ley 6/2023 se ha hecho con “demasiada celeridad”, a partir de “fragmentos de aquí y de allá” y con la voluntad de “conseguir fondos europeos” (toda vez que con su aprobación se satisface el compromiso con Bruselas, lo que posibilita que España pueda cobrar una nueva partida económica procedente de los Fondos Next Generation UE).

Ha cerrado el acto el decano del ICPB, Javier Segura Zariquiey, que ha agradecido a los ponentes las “brillantes intervenciones” y al numeroso público asistente el “debate enriquecedor y constructivo” generado al final de la sesión, al tiempo que anunciaba la celebración a lo largo del año de nuevas sesiones formativas específicas por parte del Colegio y el Centro de Estudios de la Procura vinculadas a algunos de los principales aspectos sometidos a la nueva regulación que supone el Real Decreto-ley 6/2023.

 

08En el mundo jurídico cada vez hay más presencia de mujeres y, de entre todas las profesiones del sector, las procuradoras son las que se sitúan al frente, puesto que representan el 61,17% de los ejercientes inscritos en el Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB). En el ámbito catalán, el porcentaje sube todavía más hasta el 65,1% del total de mil profesionales en el territorio, y en el conjunto de España se llega al 67,27% de las diez mil personas ejercientes, según datos del Consell de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña y del Consejo General de Procuradores de España.

Hoy, Día de la Mujer Trabajadora, ponemos nuevamente de manifiesto que la procura está comprometida en la defensa de la plena igualdad y así lo demuestra el colectivo en todas sus acciones.