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Los procuradores catalanes han asistido en el XV Congreso Nacional de la Procura de España, celebrado en Granada desde el 16 al 18 de noviembre, en el que se han abordado los retos y reivindicaciones de la profesión, así como del sistema de justicia en general. Más de 350 personas han participado, entre las cuales representantes de varios colegios de procuradores catalanes como por ejemplo el decano del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB), Javier Segura; la decana del colegio de Terrassa, Belén Gurruchaga; la decana del de Girona, Eva García Fernández; la decana del de Lleida, Macarena Oller; así como otros colegios como el tarraconense, encabezado por José Román Gómez, que contó con la presencia del exdecano Gerard Pascual. La mayoría de ellos forman parte de la comisión permanente del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya.

Lo han hecho junto con el presidente del Consejo General de Procuradoras de España (CGPE), Juan Carlos Estévez; el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río. Varios debates sobre la profesión y su futuro con un programa de talleres formativos y mesas redondas han ocupado los profesionales en las tres jornadas.

El contenido del Congreso

En el Congreso, el CGPE ha pedido reformas de las leyes procesales para conseguir una justicia «adaptada en el siglo XXI» que incremente las competencias de los procuradores -también en materia de ejecución y en la procedimental en fases donde no es preceptiva su intervención-, puesto que pueden contribuir decisivamente en el objetivo de un mejor funcionamiento de la justicia. Aumentar la participación y las remuneraciones han sido dos de las reivindicaciones clave. Del mismo modo, también han concluido que hay que impulsar la designación de los procuradores como organismos transmisores y receptores de los documentos judiciales.

Entre los múltiples debates, se ha tratado el reto de la digitalización y la participación en la implantación del desarrollo del sistema e-codex, así como la continua evolución tecnológica con la emergencia de la Inteligencia Artificial, instrumento por el cual han pedido «regulación» y «responsabilidad». En este congreso estatal, se ha constatado el consenso entre los dos principales partidos políticos de España, el PP y el PSOE, en cuanto al aumento de las competencias de los procuradores, así como la necesidad de reformar las normas procesales, lo cual que quedó en la nada la pasada legislatura a causa del adelanto electoral.

Por otro lado, la decana gerundense, Eva García, que a la vez es presidenta de la Comisión de Igualdad del CGPE, presentó la mesa redonda de Igualdad, con la participación, como ponientes, de la presidenta del Observatorio de Violencia de género del CGPJ, María Ángeles Carmona, del director general actual de Justicia de Andalucía, Esteban Rondon, y el anterior, Francisco Ontiveros, hoy magistrado de la Audiencia Provincial de Granada. Difundieron el modelo financiado por aquella comunidad autónoma, consistente en que las víctimas de violencia machista tengan siempre un procurador que las asista, desde la primera intervención al juzgado, en fases donde la intervención de este profesional no es preceptiva, pero sí necesaria para reducir el efecto de revictimización de las víctimas especialmente vulnerables, la vertiente más social de la representación procesal.